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Unión civil

Artículo (matrimonio igualitario)

En México, desde la promulgación del Código Civil Federal de 1928, la gran mayoría de las legislaciones locales de las 32 entidades federativas reconocen dos instituciones, heredadas del derecho romano, para que las parejas puedan establecer un vínculo conyugal y familiar de manera voluntaria para que produzca consecuencias jurídicas, como son derechos y obligaciones:

• El matrimonio, el cual se define como un acto solemne y formal cuya validez la sanciona el Estado mexicano.
• El concubinato, el cual se define como una unión de hecho que surge después de cierto tiempo de cohabitación.

No obstante, anterior a la década de 2000 y en la mayoría de las entidades, ambas figuras se limitaban únicamente a parejas de diferente sexo. Peor aún, señalaban que su objetivo principal era la procreación. Por lo tanto, las parejas del mismo sexo y las familias surgidas de esos vínculos, no tenían ningún reconocimiento legal, lo que las ponía en total desventaja y desprotección. Esto sucedía así, porque los paradigmas del sistema jurídico mexicano aún se basaban en posturas morales surgidas de la religión cristiana (concretamente, en los dogmas de la Iglesia Católica); a pesar de los procesos de laicidad, secularización y anticlericalismo, acontecidos entre 1855 y 1863 (con las Leyes de Reforma) y en gran parte del siglo XX (con el nacionalismo revolucionario de la época posrevolucionaria y contemporánea).

Es por lo anterior que, para evitar el rechazo social que podría generar el cambiar la definición de las dos figuras anteriores, con la transición a la alternancia partidista del año 2000, algunas personas dedicadas al activismo político, como Enoé Uranga, buscaron promover iniciativas ciudadanas para legitimar una tercera institución inspirada en ordenamientos similares que ya se estaban discutiendo y aprobando en Europa Occidental desde inicios de la década de 1990. Consistía entonces en una especie de contrato civil, donde se regularían las relaciones patrimoniales de sus miembros, se señalaría que los derechos y obligaciones estarían equiparados al concubinato (somo son alimentarios, de manutención, de pensión, sucesorios, patrimoniales o de tutela), sin necesidad de acreditar un periodo previo de cohabitación; basado en la solidaridad, el apego afectivo o la comprensión y la ayuda mutua entre personas del mismo o diferente sexo, siempre y cuando no sean parientes consanguíneos en línea recta o colaterales, ni estén unidas en matrimonio o concubinato entre sí o con terceros.

Así, para empezar, se presenta el proyecto de la Ley de Sociedades de Convivencia ante la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF, ahora Congreso de la Ciudad de México). La propuesta evitaba mencionar la adopción o la custodia de menores y fue impulsado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, que solía clasificarse como izquierda progresista en el espectro político mexicano). No obstante, la aprobación solo fue posible después de que el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, también del PRD, dejara el cargo en julio de 2005. Aunque este último personaje nunca declaró abiertamente su posición, siempre ha habido rumores en torno a él de tener una mentalidad conservadora y sumamente religiosa. En aquel entonces nunca se manifestó en contra de las uniones del mismo sexo, pero tampoco las apoyaba abiertamente. Algunas fuentes señalan que sugirió que la ley fuera sometida a referéndum, lo que era completamente inconstitucional e improcedente de manera monetaria. El propio coordinador de la bancada del PRD en la ALDF, René Bejarano, quiso crear una polémica innecesaria para rechazar la adopción homoparental. La discusión también fue boicoteada por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que suele clasificarse como centro ya que ha aglutinado facciones tanto socialdemócratas y progresistas como neoliberales y conservadoras del espectro político mexicano), el Partido Acción Nacional (PAN, que suele clasificarse como derecha conservadora en el espectro político mexicano) y el Partido Nueva Alianza (PANAL, aliados políticos del PAN en aquel tiempo). Finalmente; en medio de protestas de grupos religiosos, conservadores y antiderechos (asociados a la Iglesia Católica, iglesias evangélicas o la Unión Nacional de Padres de Familia) ; la iniciativa fue aprobada el 16 de noviembre de 2006, en la IV Legislatura de la ALDF, gracias a un nuevo empuje que le dio el extinto Partido Socialdemócrata junto con el PRD. Entró en vigencia hasta marzo de 2007, pues se había establecido 120 días para adecuar los procedimientos y los cursos de sensibilización en las direcciones jurídicas de las 16 delegaciones del antiguo Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Se temía la apelación por medio de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por parte de los grupos parlamentarios inconformes; lo que podría retrasar, detener o tumbar la nueva ley. Sin embargo, lo anterior nunca sucedió.

Igualmente, el 11 de enero de 2007, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila reforma el Código Civil local para crear la figura del Pacto Civil de Solidaridad, basado en la legislación de uniones civiles del entonces DF. Esta vez, la iniciativa fue respaldada por casi todos los legisladores del PRI (la fuerza política mayoritaria en el Congreso local), pero rechazada, como era de esperarse, por el PAN y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Paradójicamente, también fue repudiada por los escasos miembros de partidos que se asumían como izquierda progresista (el PRD y la Unidad Democrática de Coahuila). Inclusive, algunos de ellos hicieron declaraciones que podrían parecer un tanto ridículas y hasta aberrantes pues "preferían estar bien con Dios y no con su compañero civil, el Diablo". El plazo para preparar a los diferentes registros civiles de la entidad fue menor, de sólo 45 días, pues se tenía la amenaza de los diputados inconformes de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN. Pero al igual que en el antiguo DF, el reclamo nunca llegó a materializarse. Es por esto que Coahuila fue la primera entidad donde fue posible registrar parejas del mismo sexo ante las autoridades del gobierno, aunque el entonces DF fue la primera en aprobarlo . Por último, el 1 de septiembre de 2014, la LIX Legislatura de ese mismo Congreso local, se reformó la legalizó el matrimonio igualitario y se creó la figura de las sociedades de convivencia, la cual se constituye en escritura pública ante notario.

En junio de 2011 se dio una de las reformas constitucionales más importantes del siglo XXI en México que permitió que el país transitara de un sistema de derecho positivo a uno de derecho natural donde la protección amplia a los derechos humanos es primordial. A partir de entonces, se reitera la supremacía de los tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito y ratificado. Y, se introducen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para que todas las autoridades e instituciones en México adopten, defiendan, garanticen, respeten, promuevan y protejan los mecanismos y medidas necesarios para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes, de iure o de facto, en la sociedad.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2013, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche aprueba la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia, la cual había sido elaborada y propuesta por legisladores del PRD (grupo parlamentario minoritario en el Congreso local). Como el matrimonio entre personas del mismo sexo ya empezaba a legalizarse en el país, los grupos religiosos, conservadores y antiderechos empezaron a ser menos hostiles hacia la figura de la unión civil. Prefirieron entonces concentrar sus esfuerzos en evitar la aprobación del matrimonio igualitario. Así, el proyecto fue modificado por integrantes del PRI (la fuerza mayoritaria en el Congreso local) y el PAN para prohibir de manera explícita, tanto la adopción conjunta o individual, así como el compartir o encomendar la guarda y custodia de los hijos menores. Fue este detalle lo que llevo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHC) a promover la Acción de Inconstitucionalidad 8/2014 para invalidar esa porción normativa, pues era violatoria del principio del interés superior de la niñez y los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, el 11 de agosto de 2015, el Pleno de la SCJN voto de manera unánime (10/11 a favor) por anular esa restricción. En la actualidad, aunque ese artículo es letra muerta, aún sigue presente en esta Ley.

Al mismo tiempo, en Colima y en Jalisco se tuvieron cuestiones especiales. En el primero, el 4 de julio de 2013, la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Colima reformó la Constitución local para reafirmar que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, pero también se crea la figura del Enlace Conyugal para parejas el mismo sexo. Si bien con esto se pretendía, en teoría, dar certeza jurídica a los colectivos de la diversidad sexual y de género; el trasfondo conservador de esta medida, basada en la doctrina de "separados pero iguales", era innegable. Es por eso que la propuesta recibió el apoyo de partidos como PRI, PAN, PANAL y PVEM. La medida no prosperó ya que algunos municipios del estado ya permitían, desde ese mismo año, la celebración de matrimonios igualitarios, sin necesidad de algún amparo previo. Aunque en los hechos, tanto la unión civil como el matrimonio eran totalmente equiparables en el tema de derechos y obligaciones, el restringir ambos conceptos basado en la orientación sexual y la identidad de género de las personas era contrario al artículo 1.º de la Constitución general. Es por lo anterior que un año después, en 2014, dos personas promovieron diferentes amparos indirectos para impugnar la normativa, los cuales fueron sobreseídas por el juez responsable de su distrito. Ambos impugnaron los fallos, por lo que el Tribunal Colegiado de su circuito pidieron la atracción de los casos por parte de la SCJN. Fueron registrados con los expedientes Amparo en Revisión 704/2014 y Amparo en Revisión 735/2014. Y, fue hasta el 18 de marzo de 2015 que la Primera Sala voto de manera unánime (4/5 a favor) para invalidar esa porción normativa. En 2016, con la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad, el artículo fue derogado.

Sobre Jalisco, el 31 de octubre de 2013, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley de Libre Convivencia para formalizar las uniones de parejas del mismo o de diferente sexo. Esta vez, fue propuesta por legisladores del PRD y apoyada por los grupos parlamentarios del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC), pero rechazada por el PAN. Al igual que en Coahuila, esta ley definía a la libre convivencia como un contrato civil que debe celebrarse ante un notario público. Al igual que en Campeche, esta ley negaba de manera categórica la adopción conjunta o individual, así como el compartir o encomendar la guarda y custodia de los hijos menores. Aun así, algunos legisladores conservadores arremetieron, al momento de emitir su voto, con argumentos falsos y llenos de prejuicios, pues declararon que:

Los niños que viven con homosexuales tienen problemas físicos y mentales, usan más las drogas, esta iniciativa es perjudicial para el desarrollo de los niños. Es una pena que avalen esta iniciativa.

El resto de los legisladores conservadores consideraron que el proceso legislativo del dictamen fue incorrecto, por lo que buscaron anularlo a través de un recurso de inconstitucionalidad. Así, en ese mismo año, los 13 diputados panistas del Congreso local promovieron la Acción de Inconstitucionalidad 36/2013. Por su parte, la entonces Procuradoría General de la República (ahora, Fiscalía General de la República) impulsó la Acción de Inconstitucionalidad 37/2013 para revocar los artículos que prohibían la adopción y la custodia. Entonces, el 13 de septiembre de 2018, el Pleno de la SCJN voto de manera unánime (9/11 a favor) por derogar el decreto por no respetar los plazos establecidos del procedimiento legislativo. En la actualidad, la ley se encuentra abolida, aunque los actos jurídicos ya celebrados, previo a que fuera declarada como inconstitucional, no se vieron afectados y son totalmente legítimos. En 2019, se anunció que se buscaría repetir la publicación de una nueva legislación corregida, pero esto no ha sucedido aún.

En 2015, debido a la gran cantidad de amparos que se dio en el país para que las parejas del mismo sexo pudieran casarse legalmente en las entidades donde aún no era permitido, la Primera Sala de la SCJN emitió 4 tesis de jurisprudencia para impulsar la armonización de los ordenamientos jurídicos locales por parte de los poderes legislativos de cada entidad. Entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo es declarado como constitucional de manera general, para todo el país, con lo que se podría agilizar la impugnación de códigos y leyes locales que discriminen a este tipo de uniones. Si bien, estos documentos tratan principalmente sobre el matrimonio, también está incluido de manera implícita el tema del concubinato igualitario, la unión civil o cualquier figura o acto jurídico que reconozca cualquier tipo de familia y que se traduzca en beneficios y protecciones para las mismas.

El 7 de septiembre de 2015, la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán publicó el Código Familiar local donde creó la figura de Sociedades de Convivencia. Originalmente, la propuesta incluía el reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero esto provocó una gran campaña de rechazo por parte de la Iglesia Católica, por lo que únicamente se consideró a la unión civil. La limitación duró poco, ya que un año después, el 18 de mayo de 2016, se legalizó tanto el matrimonio igualitario como el concubinato entre personas del mismo sexo, siendo la primera entidad en armonizar ambas figuras al mismo tiempo. No obstante, existe la denuncia de algunas personas dedicadas al activismo que en la actualidad aún hay municipios en el estado que imposibilitan el enlace matrimonial para parejas del mismo sexo, pues ponen como pretexto, de manera errónea, la existencia de las sociedades de convivencia.

A partir de entonces, la mayoría de las entidades legalizaron, al mismo tiempo, tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como el concubinato igualitario: Nayarit (2015), Morelos (2016), Hidalgo (2019), Oaxaca (2019), San Luís Potosí (2019), Puebla (2020), Tlaxcala (2020), Querétaro (2021), Sinaloa (2021), Sonora (2021), Guerrero (2022), Estado de México (2022), Tabasco (2022), Tamaulipas (2022), Yucatán (2022), Zacatecas (2022) y Nuevo León (2023). En el caso de Puebla y Nuevo León, el matrimonio igualitario se autoriza desde 2017 y 2019, respectivamente, por sentencias de la SCJN (Acción de Inconstitucionalidad 29/2016 y Acción de Inconstitucionalidad 29/2018), por lo que desde entonces se permite también el concubinato entre personas del mismo sexo.

Mientras tanto, el 30 de diciembre de 2016, la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria imitando a las entidades mencionadas al inicio; esta vez por una amplia mayoría de todos los grupos parlamentarios y con una muy escasa resistencia de los legisladores conservadores. Luego, el 8 de diciembre de 2020, la LXIII Legislatura de ese mismo Congreso local armonizó su legislación local para permitir tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como el concubinato igualitario.

Una situación similar se dio en Veracruz, donde el 28 de mayo de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz legalizó el concubinato entre personas del mismo sexo, pero sin incluir al matrimonio igualitario. La restricción fue breve, ya que dos años después, en 2022, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo debido a una sentencia de la SCJN.

En Quintana Roo y Baja California Sur, el matrimonio entre personas del mismo sexo se permite desde 2012 y 2019, respectivamente, pero la armonización de la figura del concubinato igualitario en su legislación local fue posible mucho después. En el caso del primero, se dio hasta el 29 de septiembre de 2021, durante la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. En el caso del segundo, se dio hasta el 23 de mayo de 2023, durante la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur.

En Jalisco, Aguascalientes y Durango se permite el matrimonio igualitario desde 2016, 2019 y 2022, pero sus legislaciones locales aún siguen limitando al concubinato a parejas de diferente sexo, lo cual es totalmente inválido. En el caso del primero, se tiene de manera particular, la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015, ratificada de manera unánime (11/11 a favor) por el Pleno de la SCJN el 26 de enero de 2016. En el caso del segundo, existe de manera precisa, la Acción de Inconstitucionalidad 40/2018, aprobada de manera unánime (11/11 a favor) por el Pleno de la SCJN el 2 de abril de 2019.

En Colima, Chihuahua, Baja California, Chiapas y Guanajuato se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo desde 2016, 2017, 2018, 2015 y 2022; pero sus legislaciones locales siguen sin tener una definición formal del concubinato y por lo tanto no señalan de manera explícita que tipo de parejas pueden acogerse a él. En el caso de Chiapas, existe de manera particular, la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016, aprobada de manera unánime (10/11 a favor) por el Pleno de la SCJN, el 11 de julio de 2017. Un caso similar se da en CDMX, Coahuila y Campeche donde existen sociedades de convivencia como alternativa al matrimonio y al concubinato, pero este último es ambiguo.

A nivel federal, el Código Civil tampoco define debidamente al concubinato y por lo tanto no se establece de manera evidente a que tipo de parejas podría amparar. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 20 años para que la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pudieran reconocer formalmente a todos los actos jurídicos (matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia) para formar cualquier tipo de familia en cualquiera de las diferentes entidades federativas del país, y por lo tanto, cualquier tipo de pareja pueda acceder a la seguridad social. No obstante, desde el año 2011 se empezaron a tramitar amparos contra las restricciones que siempre terminaban en resoluciones satisfactorias para las parejas del mismo sexo. También en ese año se inició el cabildeó legislativo en el Congreso de la Unión para poder quitar los candados a las normativas federales correspondientes. Además, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió la Resolución por Disposición 02/2011 para dejar de imponer limitaciones. Previo a todo este trabajo, las dos principales instituciones en el país, el IMSS y el ISSSTE, trataron de dejar en la completa indefensión a las uniones igualitarias poniendo como pretexto que sus normativas correspondientes no las mencionaban, ni las incluían, pues el lenguaje con el que ambas legislaciones estaban redactadas era sexista y solo mencionaba a esposo y esposa o concubina y concubinario. Es por lo anterior, que desde 2023, únicamente se habla de cónyuges, concubinos o personas que hayan suscrito una unión civil; sin mencionar género alguno. Y, además se precisa, de manera clara, el concepto unión civil.En el caso del ISSFAM, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas sigue siendo parcialmente discriminatoria y las pocas afiliaciones de parejas del mismo sexo que se han dado se han hecho por mandamiento judicial. Han sido muy pocas debido a la exclusión solapada que se da al interior de las fuerzas armadas.

Los registros civiles o los juzgados familiares de algunas entidades emiten actas, constancias o testimoniales para registrar el concubinato de las parejas del mismo o de diferente sexo. Dichos documentos también pueden ser emitidos por todas las notarías públicas del país, aunque, según el caso, podría ser necesario la intervención de jueces o juezas para hacerlos válidos. Cada entidad establece el periodo de tiempo de cohabitación necesario para poder certificar la relación. Y, sobre estos últimos puntos, recae la principal diferencia y fortaleza de la sociedades de convivencia con respecto al concubinato. Como antecedente, existe el Amparo Directo 47/2012, aprobado el 19 de septiembre de 2012 de manera unánime (5/5 a favor) por la Primera Sala de la SCJN, donde se reconoce que en las sociedades de convivencia existe formalidad y seguridad jurídica debido a los procesos y mecanismos para registrar, ratificar o finalizar esta institución jurídica ante una autoridad.

En México, el matrimonio igualitario no remplaza a la unión civil como ha sucedido otros territorios. Como se ha señalado con anterioridad, la Constitución general no dispone a la celebración del matrimonio como único requisito para poder disfrutar de la protección al núcleo familiar. El propio artículo 1.º constitucional prohíbe la discriminación por estado civil. Y, el artículo 4.º constitucional consagra la protección de la familia sin importar la manera en la que este estructurada.

Artículo (diversidad sexual)

En México, existen dos figuras jurídicas para que las parejas de hecho, tanto de diferente como del mismo sexo, puedan establecer un vínculo familiar de manera voluntaria, lo que produce consecuencias legales; como son derechos y obligaciones alimentarios, de manutención, de servicios de salud y bienestar, de pensión, sucesorios, patrimoniales, de tutela, de filiación, de adopción o de custodia de menores:

• El concubinato.
• La sociedad de convivencia.

A primera vista, ambas instituciones podrían parecer idénticas, pero tienen pequeñas diferencias. Por un lado, el concubinato necesita de cierto tiempo de convivencia previa para acreditarlo. Y, según la entidad federativa, se pueden expedir documentos de constatación (actas, constancias o testimoniales) para darle formalidad, seguridad y certeza jurídica a la unión. Así mismo, las notarías públicas del país también pueden certificarlas, pero, según sea el caso, podría ser necesario la intervención de jueces o juezas para hacerlos válidos. Por otro lado, las sociedades de convivencia no requiere de un periodo de cohabitación anterior a la acreditación pues existen procesos y mecanismos claros y precisos para registrar, ratificar o finalizar estas uniones jurídicas ante una autoridad; como si se trataran de contratos civiles.

Las sociedades de convivencia, como opción para reconocer y proteger a las familias surgidas de las parejas del mismo sexo, fueron las primeras en aparecer a inicios de la década de 2000. En aquel entonces, tanto el matrimonio como el concubinato se limitaban únicamente a parejas de diferente sexo, o, peor aún, señalaban que su objetivo principal era la procreación. Cambiar la definición de las dos figuras anteriores pudo haber generado un gran rechazo social; y por lo tanto se prefirió crear estos actos jurídicos basados en la solidaridad, el apego afectivo o la comprensión y la ayuda mutua. Esta nueva institución surge de iniciativas ciudadanas y está inspirada en ordenamientos similares que ya se estaban discutiendo y aprobando en Europa Occidental desde inicios de la década de 1990.

7 entidades han optado por la figura de las sociedades de convivencia: la Ciudad de México (en 2006), Coahuila (en 2007 y 2014), Campeche (en 2013), Colima (en 2013), Jalisco (en 2013), Michoacán (en 2015) y Tlaxcala (en 2017). En Colima y en Jalisco fueron derogados después de haber sido declarados inconstitucionales por la SCJN en 2014 y 2018. En el caso del primero; el motivo de la invalidez fue la discriminación porque el matrimonio se limitaba a parejas de distinto sexo, mientras que la unión civil se restringía a parejas del mismo sexo. En el caso del segundo, el motivo de la nulidad fue el no respetar los plazos establecidos del procedimiento legislativo.

La reforma constitucional de junio de 2011 permitió que el país transitara de un sistema de derecho positivo a uno de derecho natural donde la protección amplia a los derechos humanos es primordial. A partir de entonces, se reitera la supremacía de los tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito y ratificado. Y, se introducen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para que todas las autoridades e instituciones en México adopten, defiendan, garanticen, respeten, promuevan y protejan los mecanismos y medidas necesarios para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes, de iure o de facto, en la sociedad.

En 2015, debido a la gran cantidad de amparos que se dio en el país para que las parejas del mismo sexo pudieran casarse legalmente en las entidades donde aún no era permitido, la Primera Sala de la SCJN emitió 4 tesis de jurisprudencia para impulsar la armonización de los ordenamientos jurídicos locales por parte de los poderes legislativos de cada entidad. Entonces, tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo; como el concubinato igualitario, la unión civil o cualquier figura o acto jurídico que reconozca cualquier tipo de familia y que se traduzca en beneficios y protecciones para las mismas son declarados como constitucionales de manera general, para todo el país, con lo que se pudo agilizar la impugnación de códigos y leyes locales que discriminen a este tipo de uniones.

Así, 18 entidades legalizaron, al mismo tiempo, tanto el matrimonio igualitario como el concubinato entre personas del mismo sexo: Nayarit (2015), Michoacán (2016), Morelos (2016), Hidalgo (2019), Oaxaca (2019), San Luís Potosí (2019), Puebla (2020), Tlaxcala (2020), Querétaro (2021), Sinaloa (2021), Sonora (2021), Guerrero (2022), Estado de México (2022), Tabasco (2022), Tamaulipas (2022), Yucatán (2022), Zacatecas (2022) y Nuevo León (2023). En el caso de Puebla y Nuevo León, el matrimonio entre personas del mismo sexo se autoriza desde 2017 y 2019 por sentencias de la SCJN (Acción de Inconstitucionalidad 29/2016 y Acción de Inconstitucionalidad 29/2018), por lo que desde entonces se permite también el concubinato igualitario.

En Veracruz se legalizó primero el concubinato entre personas del mismo sexo (2020), pero sin incluir al matrimonio igualitario (2022).

En Quintana Roo y Baja California Sur, el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en 2012 y 2019, pero la armonización de la figura del concubinato igualitario fue posible hasta 2021y 2023.

En Colima, Chihuahua, Baja California, Chiapas y Guanajuato se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo desde 2016, 2017, 2018, 2015 y 2022; pero sus legislaciones locales siguen sin tener una definición formal del concubinato y por lo tanto no señalan de manera explícita que tipo de parejas pueden acogerse a él. Un caso similar se da en CDMX, Coahuila y Campeche donde existen sociedades de convivencia como alternativa al matrimonio y al concubinato, pero este último es ambiguo.

A nivel federal, el Código Civil tampoco define debidamente al concubinato y por lo tanto no se establece de manera evidente a que tipo de parejas podría amparar. Sin embargo, desde 2023, la Ley del Seguro Social (que regula el IMSS) y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (que regula el ISSSTE) reconocen formalmente a todos los actos jurídicos (matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia) para formar cualquier tipo de familia en cualquiera de las diferentes entidades federativas del país, y por lo tanto, cualquier tipo de pareja pueda acceder a la seguridad social. En el caso de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (que regula el ISSFAM) sigue siendo parcialmente discriminatoria y las pocas afiliaciones de parejas del mismo sexo que se han dado se han hecho por mandamiento judicial, debido a la exclusión solapada que se da al interior de las fuerzas armadas.

En México, el matrimonio igualitario no remplaza a la unión civil como ha sucedido otros territorios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone a la celebración del matrimonio como único requisito para poder disfrutar de la protección al núcleo familiar. El propio artículo 1.º constitucional prohíbe la discriminación por estado civil. Y, el artículo 4.º constitucional consagra la protección de la familia sin importar la manera en la que este estructurada.

Situación

Situación legal de las uniones civiles igualitarias por entidad federativa

Entidad federativa	Concepto	Regulado por	Constancia de acreditación	Periodo de cohabitación	Considera parejas del mismo sexo
Aguascalientes	Concubinato Artículo 313 Bis	Código Civil	No se menciona	2 años	No aún. Inconstitucional
Baja California	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Ambiguo
Baja California Sur	Concubinato Artículo 330	Código Civil	No se menciona	5 años	Sí
				2 años
Campeche	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 2	Ley de Sociedades de Convivencia	Por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio Artículos 3 y 6	No aplica
Chiapas	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Ambiguo
Chihuahua	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Ambiguo
Ciudad de México	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 35	2 años	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 2	Ley de Sociedades de Convivencia	Por la Dirección General Jurídica y de Gobierno Artículos 3 y 6	No aplica
Coahuila	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	Ante notario público y en el Registro Público de la Propiedad Artículo 3587-3	No se menciona	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 3587-1			No aplica
	Pacto de solidaridad Artículo 252	Ley Familiar	Por el Registro Civil Artículos 41, 120 y 254
Colima	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Ambiguo
Durango	Concubinato Artículo 286-1	Código Civil	No se menciona	3 años	No aún. inconstitucional
Estado de México	Concubinato Artículo 4.403	Código Civil	No se menciona	1 año	Sí
Guanajuato	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Ambiguo
Guerrero	Concubinato Artículo 494 Bis	Código Civil	No se menciona	2 años	Sí
Hidalgo	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Concubinato Artículo 143	Ley Familiar		3 años
Jalisco	Concubinato Artículo 778	Código Civil	No se menciona	3 años	No aún. Inconstitucional
Michoacán	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	Por el Registro Civil Artículos 298 y 300	2 años	Sí
	Concubinato Artículo 307	Código Familiar	Por el Registro Civil Artículos 298 y 300	2 años
	Sociedad de convivencia Artículo 295			No aplica
Morelos	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Concubinato Artículo 65	Código Familiar		2 años
Nayarit	Concubinato Artículo 136	Código Civil	No se menciona	2 años	Sí
Nuevo León	Concubinato Artículo 291 Bis	Código Civil	No se menciona	2 años	Sí
Oaxaca	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 115 Bis	No se menciona	Sí
	Concubinato Artículo 7	Código Familiar	No se menciona	2 años
Puebla	Concubinato Artículo 297	Código Civil	No se menciona	2 años	Sí
Querétaro	Concubinato Artículo 273	Código Civil	No se menciona	3 años	Sí
Quintana Roo	Concubinato Artículo 825 Bis	Código Civil	No se menciona	2 años	Sí
San Luis Potosí	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Concubinato Artículo 105	Código Familiar		3 años
				2 años
Sinaloa	Concubinato Artículo 165	Código Familiar	Por el Registro Civil Artículo 167	2 años	Sí
Sonora	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Concubinato Artículo 191	Código Familiar		3 años
Tabasco	Concubinato Artículo 153	Código Civil	No se menciona	2 años	Sí
Tamaulipas	Concubinato Artículo 267 Bis	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 104	2 años	Sí
Tlaxcala	Concubinato Artículo 42	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 2	Ley de Sociedades de Convivencia	Por el Registro Civil Artículos 3 y 7	No aplica
Veracruz	Concubinato Artículo 139	Código Civil	No se menciona	3 años	Sí
Yucatán	Concubinato Artículo 201	Código Familiar	No se menciona	2 años	Sí
Zacatecas	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Sí
	Concubinato Artículo 241	Código Familiar	Por el Registro Civil Artículo 9	2 años
México	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	No se menciona	No se menciona	Ambiguo
	Concubinato Sin definir aún	Ley del Seguro Social	No aplica		Si
	Unión civil Artículo 5 A. Apartado XX
	Concubinato Sin definir aún	Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	No aplica
	Unión Civil Artículo 6. Apartado XXX
	Concubinato Sin definir aún	Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	No aplica		Ambiguo

Cronología

Cronología por entidad federativa

Entidad federativa	Tipo de decisión	Fecha de adopción	Entrada en vigor	Publicado en
Aguascalientes	Sentencia judicial	2 de abril de 2019	17 de agosto de 2019	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, N.º 14 del 16 de agosto de 2019.
Baja California	Pendiente
Baja California Sur	Reforma legislativa	2023	2023	Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur. Tomo XLVI. Nº 29.
Campeche	Pendiente (concubinato)
	Reforma legislativa	2013	2013	Periódico Oficial del Estado de Campeche. Segunda edición. Cuarta época. Año I. Nº 0190.
Chiapas	Pendiente
Chihuahua	Pendiente
Ciudad de México	Pendiente (concubinato)
	Reforma legislativa	2006	2006	Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima Séptima Época. Nº 747.
Coahuila	Pendiente (concubinato)
	Reforma legislativa	2007	2007	Periódico Oficial del Estado de Coahuila. Tomo CXXI. Nº 74.
Colima	Reforma legislativa	25 de mayo de 2016	12 de junio de 2016	Periódico Oficial del Estado de Colima. Tomo CXXI. Nº 74.
Durango	Pendiente
Estado de México	Reforma legislativa	11 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de México. Tomo CCXIV. Nº 82.
Guanajuato	Pendiente
Guerrero	Reforma legislativa	25 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Año CIII. Edición Nº 104. Alcance I.
Hidalgo	Reforma legislativa	14 de mayo de 2019	11 de junio de 2019	Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Tomo CLII. Nº 23.
Jalisco	Pendiente
Michoacán	Reforma legislativa	18 de mayo de 2016	23 de junio de 2016	Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Tomo CLXIV. Nº 95.
Morelos	Reforma legislativa	18 de mayo de 2016	5 de julio de 2016	Periódico Oficial del Estado de Morelos. Sexta época. Nº 5408.
Nayarit	Reforma legislativa	18 de diciembre de 2015	23 de diciembre de 2015	Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Tomo CXCVII. Nº 121. Tiraje 080.
Nuevo León	Sentencia judicial	19 de febrero de 2019	31 de mayo de 2019	Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, Tomo DCCLXXXVIII. N.º 33 del 31 de mayo de 2019.
	Reforma legislativa	14 de junio de 2023	24 de junio de 2023	Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Tomo CLX. Nº 80.
Oaxaca	Reforma legislativa	28 de agosto de 2019	6 de octubre de 2019	Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Tomo CI. Nº 40. Segunda sección.
	Reforma legislativa	22 de octubre de 2021	5 de diciembre del 2021	Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Tomo CIII. Nº 49. Décimo Primera sección.
Puebla	Sentencia judicial	1 de agosto de 2017	16 de febrero de 2018	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, Tomo DCCLXXIII. N.º 13 del 16 de febrero de 2018.
	Reforma legislativa	3 de noviembre de 2020	11 de noviembre de 2020	Periódico Oficial del Estado de Puebla. Tomo DXLVII. Nº 6.
Querétaro	Reforma legislativa	22 de septiembre de 2021	13 de noviembre de 2021	Diarios de circulación local por parte del Congreso local.
Quintana Roo	Decisión del ejecutivo	3 de mayo de 2012	3 de mayo de 2012	-
	Reforma legislativa	29 de septiembre de 2021	23 de octubre de 2021	Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Tomo III. Nº 159. Novena época.
San Luis Potosí	Reforma legislativa	17 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019	Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. Año CII. Tomo I.
Sinaloa	Reforma legislativa	15 de junio de 2021	30 de junio de 2021	Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Tomo CXII. Tercera época. Nº 078.
Sonora	Reforma legislativa	23 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	Boletín Oficial del Estado de Sonora. Tomo CCVIII. Tercera época. Nº 033.
Tabasco	Reforma legislativa	19 de octubre de 2022	27 de octubre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Época séptima. Edición 8362.
Tamaulipas	Reforma legislativa	26 de octubre de 2022	19 de noviembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Tomo CXLVII. Nº 25.
Tlaxcala	Reforma legislativa	8 de diciembre de 2020	25 de diciembre de 2020	Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 24 de diciembre de 2020.
Veracruz	Sentencia judicial	30 de mayo de 2022	20 de octubre de 2022	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, N.º 17 del 20 de octubre de 2022.
	Reforma legislativa	2 de junio de 2022	14 de junio de 2022	Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Tomo CCV. Nº 232. Sección III.
Yucatán	Reforma legislativa	25 de agosto de 2021	7 de septiembre de 2021	Diario Oficial del Estado de Yucatán. Año CXXIV. Nº 34,576.
	Reforma legislativa	1 de marzo de 2022	4 de marzo de 2022	Diario Oficial del Estado de Yucatán. Año CXXV. Nº 34,715.
Zacatecas	Reforma legislativa	14 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021	Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Tomo CXXXI. Nº 104.

Tablas matrimonio igualitario

Situación legal del matrimonio igualitario por entidad federativa

Entidad federativa	Concepto	Regulado por	Considera adopción homoparental conjunta	Armonización legislativa
Aguascalientes	Artículo 143	Código Civil	Si Artículo 414	No aún. Inconstitucional
Baja California	Artículo 143	Código Civil	Si	Si
Baja California Sur	Artículo 150	Código Civil	Si Artículo 440	Si
Campeche	Artículo 157	Código Civil	Si	Si
Chiapas	Artículo 145	Código Civil	Si Artículos 386 y 397	No aún. Inconstitucional
Chihuahua	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sin definir aún
Ciudad de México	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 35	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 2	Ley de Sociedades de Convivencia	Por la Dirección General Jurídica y de Gobierno Artículos 3 y 6
Coahuila	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	Por el Registro Público Artículo 3587-3	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 3587-1
	Pacto de solidaridad Artículo 252	Ley Familiar	Por el Registro Civil Artículos 41, 120 y 254
Colima	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sin definir aún
Durango	Concubinato Artículo 286-1	Código Civil	La legislación no lo menciona	No aún. inconstitucional
Estado de México	Concubinato Artículo 4.403	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Guanajuato	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sin definir aún
Guerrero	Concubinato Artículo 494 Bis	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Hidalgo	Concubinato Artículo 143	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
		Ley Familiar
Jalisco	Concubinato Artículo 778	Código Civil	La legislación no lo menciona	No aún. Inconstitucional
Michoacán	Concubinato Artículo 307	Código Civil	Por el Registro Civil Artículos 298 y 300	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 295	Código Familiar
Morelos	Concubinato Artículo 65	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
		Código Familiar
Nayarit	Concubinato Artículo 136	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Nuevo León	Concubinato Artículo 291 Bis	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Oaxaca	Concubinato Artículo 7	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 115 Bis	Sí
		Código Familiar
Puebla	Concubinato Artículo 297	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Querétaro	Concubinato Artículo 273	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Quintana Roo	Concubinato Artículo 825 Bis	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
San Luis Potosí	Concubinato Artículo 105	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
		Código Familiar
Sinaloa	Concubinato Artículo 165	Código Familiar	Por el Registro Civil Artículo 167	Sí
Sonora	Concubinato Artículo 191	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
		Código Familiar
Tabasco	Concubinato Artículo 153	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Tamaulipas	Concubinato Artículo 267 Bis	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 104	Sí
Tlaxcala	Concubinato Artículo 42	Código Civil	Por el Registro Civil Artículos 3 y 7	Sí
	Sociedad de convivencia Artículo 2	Ley de Sociedades de Convivencia
Veracruz	Concubinato Artículo 139	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sí
Yucatán	Concubinato Artículo 201	Código Familiar	La legislación no lo menciona	Sí
Zacatecas	Concubinato Artículo 241	Código Civil	Por el Registro Civil Artículo 9	Sí
		Código Familiar
México	Concubinato Sin definir aún	Código Civil	La legislación no lo menciona	Sin definir aún

Cronología por entidad federativa

Entidad federativa	Tipo de decisión	Fecha de adopción	Entrada en vigor	Publicado en
Aguascalientes	Sentencia judicial	2 de abril de 2019	17 de agosto de 2019	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, N.º 14 del 16 de agosto de 2019.
Baja California	Decisión del ejecutivo	3 de noviembre de 2017	4 de noviembre de 2017	-
	Reforma legislativa	16 de junio de 2021	15 de septiembre de 2021	Periódico Oficial del Estado de Baja California. Tomo CXXVIII. Nº 69.
Baja California Sur	Reforma legislativa	27 de junio de 2019	29 de junio de 2019	Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur. Tomo XLVI. Nº 29.
Campeche	Reforma legislativa	10 de mayo de 2016	17 de mayo de 2016	Periódico Oficial del Estado de Campeche. Segunda edición. Cuarta época. Año I. Nº 0190.
Chiapas	Sentencia judicial	11 de julio de 2017	12 de mayo de 2018	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, Tomo DCCLXXVI, N.º 8 del 11 de mayo de 2018.
Chihuahua	Decisión del ejecutivo	11 de junio de 2015	12 de junio de 2015	-
Ciudad de México	Reforma legislativa	29 de diciembre de 2009	4 de marzo de 2010	Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima Séptima Época. Nº 747.
Coahuila	Reforma legislativa	1 de septiembre de 2014	17 de septiembre de 2014	Periódico Oficial del Estado de Coahuila. Tomo CXXI. Nº 74.
Colima	Reforma legislativa	25 de mayo de 2016	12 de junio de 2016	Periódico Oficial del Estado de Colima. Tomo CXXI. Nº 74.
Durango	Decisión del ejecutivo	18 de septiembre de 2022	19 de septiembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Durango. Tomo CCXXXVII. Nº 75.
	Reforma legislativa	21 de septiembre de 2022	10 de octubre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Durango. Tomo CCXXXVII. Nº 81.
Estado de México	Reforma legislativa	11 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de México. Tomo CCXIV. Nº 82.
Guanajuato	Decisión del ejecutivo	20 de diciembre de 2022	20 de diciembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Tomo CXXVIII. Nº 69.
Guerrero	Reforma legislativa	25 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Año CIII. Edición Nº 104. Alcance I.
Hidalgo	Reforma legislativa	14 de mayo de 2019	11 de junio de 2019	Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Tomo CLII. Nº 23.
Jalisco	Sentencia judicial	26 de enero de 2016	21 de abril de 2016	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, Tomo DCCLI. N.º 16 del 21 de abril de 2016.
	Reforma legislativa	7 de abril de 2022	10 de abril de 2022	Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Tomo CDIII. Nº 48.
Michoacán	Reforma legislativa	18 de mayo de 2016	23 de junio de 2016	Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Tomo CLXIV. Nº 95.
Morelos	Reforma legislativa	18 de mayo de 2016	5 de julio de 2016	Periódico Oficial del Estado de Morelos. Sexta época. Nº 5408.
Nayarit	Reforma legislativa	18 de diciembre de 2015	23 de diciembre de 2015	Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Tomo CXCVII. Nº 121. Tiraje 080.
Nuevo León	Sentencia judicial	19 de febrero de 2019	31 de mayo de 2019	Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, Tomo DCCLXXXVIII. N.º 33 del 31 de mayo de 2019.
	Reforma legislativa	14 de junio de 2023	24 de junio de 2023	Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Tomo CLX. Nº 80.
Oaxaca	Reforma legislativa	28 de agosto de 2019	6 de octubre de 2019	Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Tomo CI. Nº 40. Segunda sección.
	Reforma legislativa	22 de octubre de 2021	5 de diciembre del 2021	Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Tomo CIII. Nº 49. Décimo Primera sección.
Puebla	Sentencia judicial	1 de agosto de 2017	16 de febrero de 2018	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, Tomo DCCLXXIII. N.º 13 del 16 de febrero de 2018.
	Reforma legislativa	3 de noviembre de 2020	11 de noviembre de 2020	Periódico Oficial del Estado de Puebla. Tomo DXLVII. Nº 6.
Querétaro	Reforma legislativa	22 de septiembre de 2021	13 de noviembre de 2021	Diarios de circulación local por parte del Congreso local.
Quintana Roo	Decisión del ejecutivo	3 de mayo de 2012	3 de mayo de 2012	-
	Reforma legislativa	29 de septiembre de 2021	23 de octubre de 2021	Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Tomo III. Nº 159. Novena época.
San Luis Potosí	Reforma legislativa	17 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019	Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. Año CII. Tomo I.
Sinaloa	Reforma legislativa	15 de junio de 2021	30 de junio de 2021	Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Tomo CXII. Tercera época. Nº 078.
Sonora	Reforma legislativa	23 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	Boletín Oficial del Estado de Sonora. Tomo CCVIII. Tercera época. Nº 033.
Tabasco	Reforma legislativa	19 de octubre de 2022	27 de octubre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Época séptima. Edición 8362.
Tamaulipas	Reforma legislativa	26 de octubre de 2022	19 de noviembre de 2022	Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Tomo CXLVII. Nº 25.
Tlaxcala	Reforma legislativa	8 de diciembre de 2020	25 de diciembre de 2020	Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 24 de diciembre de 2020.
Veracruz	Sentencia judicial	30 de mayo de 2022	20 de octubre de 2022	Diario Oficial de la Federación, edición matutina, N.º 17 del 20 de octubre de 2022.
	Reforma legislativa	2 de junio de 2022	14 de junio de 2022	Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Tomo CCV. Nº 232. Sección III.
Yucatán	Reforma legislativa	25 de agosto de 2021	7 de septiembre de 2021	Diario Oficial del Estado de Yucatán. Año CXXIV. Nº 34,576.
	Reforma legislativa	1 de marzo de 2022	4 de marzo de 2022	Diario Oficial del Estado de Yucatán. Año CXXV. Nº 34,715.
Zacatecas	Reforma legislativa	14 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021	Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Tomo CXXXI. Nº 104.

Aborto

Mapas

{{aborto legal en México según códigos penales}}

{{aborto legal en México según constituciones}}

{{aborto legal en México según leyes de salud}}

Cronología

Cronología de la despenalización y legalización del aborto electivo

Año	Entidad	Aprobación	Entrada en vigor	Modificación	Método	Publicado en
2007	Ciudad de México	24 de abril	26 de abril	Código Penal Ley de Salud	Reforma legislativa	Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima época, n.º 70
2019	Oaxaca	25 de septiembre	24 de octubre	Código Penal	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Oaxaca, tomo CI, extraordinario
2021	Hidalgo	30 de junio	6 de julio	Código Penal Ley de Salud	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Hidalgo, tomo CLIV, alcance 7, n.º 27
	Veracruz	20 de julio	20 de julio	Código Penal	Reforma legislativa	Gaceta Oficial de Veracruz, tomo CCIV, tomo extraordinario III, n.º 286
	Coahuila	7 a 9 de septiembre de 2021	9 de septiembre de 2021	Código Penal	Sentencia judicial	Diario Oficial de la Federación, edición matutina n.º 16 del 19 de enero de 2022
	Oaxaca	22 de septiembre	16 de octubre	Ley de Salud	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Oaxaca, tomo CIII, n.º 42
		29 de septiembre	23 de octubre	Constitución		Periódico Oficial de Oaxaca, tomo CIII, n.º 43
	Baja California	29 de octubre	12 de noviembre	Código Penal Ley de Salud Ley de Víctimas	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Baja California, tomo CXXVIII, sección III, n.º 93, sección
	Colima	29 de septiembre	24 de noviembre	Constitución	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Colima, edición extraordinaria, tomo CVI, n.º 90
		1 de diciembre	11 de diciembre	Código Penal Ley de Salud		Periódico Oficial de Colima, edición ordinaria, tomo CVI, suplemento 3, n.º 96
2022	Sinaloa	8 de marzo	11 de marzo	Código Penal Ley de Salud Código Civil	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Sinaloa, tomo CXII, 3.ª época, n.º 031
		9 de marzo	8 de abril	Constitución		Periódico Oficial de Sinaloa, tomo CXII, 3.ª época, n.º 043
	Guerrero	17 de mayo	20 de mayo	Código Penal	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Guerrero, año CIII, edición n.º 40, alcance I
	Baja California Sur	2 de junio	14 de junio	Código Penal Ley de Salud	Reforma legislativa	Boletín Oficial de Baja California Sur, tomo XLIX, n.º 36
	Quintana Roo	26 de octubre	28 de octubre	Código Penal	Reforma legislativa	Periódico Oficial de Quintana Roo, tomo III, n.º 179 extraordinario, décima época
2023	Aguascalientes	30 de agosto	30 de agosto	Código Penal	Sentencia judicial	Pendiente
México		7 al 9 de septiembre de 2021	9 de septiembre de 2021	Inconstitucionalidad de las condenas (general)	Sentencia judicial	Diario Oficial de la Federación, edición matutina n.º 16 del 19 de enero de 2022
				Inconstitucionalidad de los blindajes antiaborto
		20 de septiembre de 2021	20 de septiembre de 2021	Límites a la objeción de consciencia		Diario Oficial de la Federación, edición matutina n.º 21 del 12 de diciembre de 2021
		21 de junio de 2023	21 de junio de 2023	Impugnación por juicio de amparo		Pendiente
		06 de septiembre de 2023	06 de septiembre de 2023	Inconstitucionalidad de las condenas (federal)		Pendiente

Causales

{{Causales y supuestos del aborto legal en México}}

Causales y supuestos del aborto legal según cada entidad federativa

Entidad federativa	Tipo	Violación	Imprudencial	Peligro muerte	Riesgo salud	Alteraciones congénitas	Trastorno ginecológico	Inseminación forzada	Causas económicas	Electivo sin justificación	Negación u omisión
Aguascalientes	ER / NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Baja California	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Baja California Sur	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Campeche	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Chiapas	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Chihuahua	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Ciudad de México	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Coahuila	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Colima	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Durango	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Guanajuato	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Guerrero	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Hidalgo	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Jalisco	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Estado de México	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Michoacán	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Morelos	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Nayarit	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Nuevo León	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Oaxaca	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Puebla	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Querétaro	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Quintana Roo	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
San Luis Potosí	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Sinaloa	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Sonora	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Tabasco	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Tamaulipas	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Tlaxcala	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Veracruz	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Yucatán	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Zacatecas	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
México	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
NP indica no punibilidad.
ER indica excluyente de responsabilidad.

Blindaje constitucional

{{blindaje a la vida prenatal en México}}

Blindajes a la vida en gestación según cada entidad federativa

Entidad federativa	Artículo	Año de aprobación	Año de derogación	Consideraciones
Aguascalientes	2.º	2021	Pendiente	Declarado inconstitucional el 10 de octubre de 2022 por la sentencia AI 72/2021 de la SCJN.
Baja California	7.º	2008	Pendiente	El Pleno de la SCJN discutió el tema el 28 de septiembre de 2011 a través de la acción de inconstitucionalidad AI 11/2009. Una mayoría simple votó por la invalidez, pero se necesitaba un sufragio más para declararla
Baja California Sur	Nunca hubo candado alguno
Campeche	Nunca hubo candado alguno			En 2021 se intentó modificar el artículo 6.º pero nunca entró en vigor.
Chiapas	4.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Chihuahua	5.º	1994	Pendiente	Debe ser reformado
Ciudad de México	Nunca hubo candado alguno
Coahuila	Nunca hubo candado alguno			Existe en el artículo 173.º una disposición ambigua desde 1989.
Colima	2.º	2009	2021	Decreto 90 del 24 de noviembre de 2021 en el Periódico Oficial de la entidad.
Durango	3.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Guanajuato	1.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Guerrero	Nunca hubo candado alguno
Hidalgo	Nunca hubo candado alguno
Jalisco	4.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Estado de México	Nunca hubo candado alguno
Michoacán	Nunca hubo candado alguno
Morelos	1.º Bis	2008	Pendiente	Debe ser reformado
Nayarit	7.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Nuevo León	1.º	2019	Pendiente	Declarado inconstitucional el 26 de mayo de 2022 por las sentencias AI 41/2019 y AI 42/2019 de la SCJN.
Oaxaca	12.º	2009	2021	Decreto 43 del 23 de octubre de 2021 en el Periódico Oficial de la entidad.
Puebla	26.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Querétaro	2.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Quintana Roo	13.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
San Luis Potosí	16.º	2009	Pendiente	El Pleno de la SCJN discutió el tema el 29 de septiembre de 2011 a través de la acción de inconstitucionalidad AI 62/2009. Una mayoría simple votó por la invalidez, pero se necesitaba un sufragio más para declararla
Sinaloa	4.º Bis	2018	2022	Declarado inconstitucional el 9 de septiembre de 2021 por las sentencias AI 106/2018 y AI 107/2018 de la SCJN. Decreto 043 del 8 de abril de 2022 en el Periódico Oficial de la entidad.
Sonora	1.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Tabasco	Nunca hubo candado alguno
Tamaulipas	16.º	2010	Pendiente	Debe ser reformado
Tlaxcala	Nunca hubo candado alguno
Veracruz	4.º	2017	Pendiente	Declarado inconstitucional el 30 de mayo de 2022 por la sentencia AI 85/2016 de la SCJN.
Yucatán	1.º	2009	Pendiente	Debe ser reformado
Zacatecas	Nunca hubo candado alguno
México	Nunca hubo candado alguno

Ley de Salud

{{Acceso legal al aborto en México}}

Acceso a los servicios de interrupción del embarazo según cada entidad federativa

Entidad federativa	¿Señala a la NOM-046-SSA2-2005?	¿Limita el tiempo de espera al reunir requisitos?	¿Limita la objeción de consciencia?	¿Establece universalidad (explícitamente)?	Otras consideraciones
Aguascalientes	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Utiliza protocolos federales.
Baja California	Artículo 50.º nonies.	Artículo 50.º nonies indica 5 días hábiles.	Artículo 50.º decies señala las condiciones.	Artículo 50.º nonies.	-
Baja California Sur	Artículo 62.º.	Artículo 62.º indica 5 días.	Artículos 32.º bis, 32.º ter y 32.º quater señalan las condiciones.	Artículo 62.º.	-
Campeche	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Chiapas	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Chihuahua	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Ciudad de México	Artículos 6.º y 81.º.	Artículo 81.º indica 5 días.	Artículo 82.º señala las condiciones.	Artículo 81.º.	Artículo 144.º incluye a centros de reclusión.
Coahuila	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Utiliza protocolos federales.
Colima	Artículos 3.º y 62.º quinquies.	Artículo 62.º octies indica 5 días.	Artículo 30.º señala las condiciones.	Artículo 62.º quinquies.	Artículo 113.º bis incluye a centros de reclusión.
Durango	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Guanajuato	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Guerrero	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Utiliza protocolos federales.
Hidalgo	Pendiente.	Pendiente.	Artículo 12.º quáter señala las condiciones.	Pendiente.	Artículo 98.º incluye a centros de reclusión.
Jalisco	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 187.º señala las condiciones	Pendiente.	-
Estado de México	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Michoacán	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Morelos	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 12.º bis señala las condiciones	Pendiente.	-
Nayarit	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Nuevo León	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Oaxaca	Pendiente.	Artículo 65.º ter indica 3 días naturales.	Pendiente.	Artículo 65.º ter.	-
Puebla	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Querétaro	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Quintana Roo	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Utiliza protocolos federales.
San Luis Potosí	Artículos 36.º y 96.º bis.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Sinaloa	Artículo 86.º bis.	Pendiente.	Artículo 86.º bis 2 señala las condiciones.	Artículo 86.º bis.	Artículo 235.º bis incluye a centros de reclusión.
Sonora	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Tabasco	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Tamaulipas	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 6.º bis señala las condiciones	Pendiente.	Artículo 30.º bis alude al aborto legal
Tlaxcala	Pendiente.	Pendiente. Artículo 44.º bis indica 5 días.	Artículo 44.º bis A señala las condiciones.	Pendiente.	-
Veracruz	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Utiliza protocolos federales y locales.
Yucatán	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
Zacatecas	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	-
México	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 10.º bis señala las condiciones	Pendiente.	-

Ley de víctimas

Atención a las víctimas de violencia sexual

Entidad federativa	¿Define al principio de buena fe?	¿Señala las condiciones de los servicios médicos?	¿Qué servicios médicos se mencionan?
Aguascalientes	Artículo 3.º	Sí. Artículo 19.º	Interrupción Voluntaria del Embarazo. Artículo 20.º
Baja California	Artículo 6.º	Sí. Artículo 29.º	Anticoncepcion de Emergencia Interrupción Voluntaria del Embarazo Profilaxis post-exposición VIH. Artículos 30.º
Baja California Sur	No	No se señalan	No se mencionan
Campeche	No	Sí. Artículo 32.º	Anticoncepcion de Emergencia Interrupción Voluntaria del Embarazo Artículo 33.º y 35.º
Chiapas	No	Cómodos, de trato digno y especializados. Artículo 33.º	No se mencionan
Chihuahua	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Ciudad de México	Artículos 6.º y 81.º.	Artículo 81.º indica 5 días.	Artículo 82.º señala las condiciones.
Coahuila	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Colima	Artículos 3.º y 62.º quinquies.	Artículo 62.º octies indica 5 días.	Artículo 30.º señala las condiciones.
Durango	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Guanajuato	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Guerrero	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Hidalgo	Pendiente.	Pendiente.	Artículo 12.º quáter señala las condiciones.
Jalisco	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 187.º señala las condiciones
Estado de México	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Michoacán	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Morelos	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 12.º bis señala las condiciones
Nayarit	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Nuevo León	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Oaxaca	Pendiente.	Artículo 65.º ter indica 3 días naturales.	Pendiente.
Puebla	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Querétaro	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Quintana Roo	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
San Luis Potosí	Artículos 36.º y 96.º bis.	Pendiente.	Pendiente.
Sinaloa	Artículo 86.º bis.	Pendiente.	Artículo 86.º bis 2 señala las condiciones.
Sonora	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Tabasco	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Tamaulipas	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 6.º bis señala las condiciones
Tlaxcala	Pendiente.	Pendiente. Artículo 44.º bis indica 5 días.	Artículo 44.º bis A señala las condiciones.
Veracruz	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Yucatán	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
Zacatecas	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.
México	Pendiente.	Pendiente.	Parcialmente. Artículo 10.º bis señala las condiciones

Sanciones

Sanciones, penas y castigos por aborto voluntario según los diferentes códigos penales en México

Entidad federativa	Cárcel (mínima)	Cárcel (máxima)	Multa económica	Medidas alternativas	Suspensión personal de salud	Otras consideraciones
Aguascalientes	6 meses a 1 año	1 a 3 años	40 a 80 días y "reparación del daño"		2 a 5 años	Artículos 83.º, 101.º, 102.º, 103.º y 196.º Contiene errores de redacción muy graves que lo hacen incomprensible. Aún menciona requisitos para aborto por violación.
Baja California	3 meses a 1 año	1 a 3 años		50 a 200 días (trabajo comunitario)	Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículo 132.º, 133.º, 135.º y 136.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2021.
Baja California Sur	Sin pena para gestantes y colaboradores/as			Hasta 60 días a 2 meses (trabajo comunitario)		Artículos 151.º, 152.º, 154.º y 156.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2022.
Campeche	6 meses	2 años		24 a 72 jornadas (trabajo comunitario)	Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículos 155.º, 156.º, 158.º y 159.º Antes de la semana 12 de gestación corresponden medidas alternativas, después de ese plazo concerniría cárcel. Aún menciona plazos y requisitos para aborto por violación.
Chiapas	Sin pena para las o los gestantes 1 a 3 años y 3 a 6 años			Atención integral	Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículos 70.º, 88.º, 178.º, 179.º, 181.º y 183.º Las penas de cárcel aumentan cuando la o el gestante es menor de edad y no existe autorización de sus padres o tutores. Las medidas alternativas no pueden prolongarse más de 2 años. Menciona la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del estado. Aún menciona plazos para aborto por violación.
Chihuahua	6 meses	3 años			Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículos 143.º, 144.º, 145.º, 146.º Aún menciona plazos para aborto por violación.
Ciudad de México	3 a 6 meses	1 a 3 años		100 a 300 días (trabajo comunitario)	Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículos 76.º, 144.º, 145.º, 148.º y 201.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2007.
Coahuila	1 año	3 años			2 a 6 años 6 meses a 2 años	Artículos 195.º, 196.º, 198.º y 199.º Aborto electivo despenalizado, sin especificar el plazo máximo, desde 2021. La inhabilitación al personal de salud se reducía si solo ayudaban en el procedimiento pero no eran los principales actores. Aún perseguiría la tentativa (lesiones a la o el gestante). Aún menciona plazos para aborto por violación.
Colima	Sin pena para las o los gestantes 15 días a 2 meses		800 a 1200 UMA	50 a 100 días (trabajo comunitario) 1 a 3 meses (tratamiento libertad)		Artículos 138.º, 139.º y 141.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2021. Menciona de manera explícita el concepto de persona gestante.
Durango	1 a 3 años	1 a 5 años	72 a 216 UMA 72 a 360 UMA		3 a 5 años	Artículos 79.º Bis, 148.º, 149.º y 150.º Exige aprobación y aviso al Ministerio Público en casos de aborto terapéutico e imprudencial respectivamente. Aún menciona requisitos para aborto por violación.
Estado de México	6 meses a 2 años 1 a 3 años	1 a 5 años	30 a 200 días		3 a 6 años 20 años	Artículos 248.º, 249.º, 250.º y 251.º Aún contiene atenuantes basadas en cláusulas por honor. La pena menor se reduce si se cumplen las condiciones de las atenuantes. La inhabilitación al personal de salud aumenta si son reincidentes.
Guanajuato	6 meses a 3 años	1 a 3 años	5 a 30 días 10 a 30 días		Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículos 11.º, 158.º, 159.º, 160.º, 162.º y 163.º
Guerrero	Sin pena para las o los gestantes 6 meses a 2 años					Artículos 79.º, 154.º, 155.º y 159.º Aborto electivo despenalizado hasta la semana 12 de gestación desde 2022.
Hidalgo	6 meses	1 año	10 a 40 días		Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel	Artículos 154.º, 155.º y 158.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2021.
Jalisco	4 meses a 1 año 8 meses a 2 años	2 a 5 años		Tratamiento médico integral.	1 a 5 años	Artículos 27.º, 227.º, 228.º y 229.º Establecería prisión preventiva o aumentaría la pena menor después del quinto mes de embarazo o si los o las colaboradores/as son reincidentes o procuran a gestantes reincidentes (tengan o no una sentencia previa). Aún contiene estereotipos de género que imponen maternidad forzada. Las medidas alternativas solo pueden aplicarse cuando gestante no es reincidente.
Michoacán	Sin pena para las o los gestantes 6 meses a 2 años			6 meses a 1 año (trabajo comunitario)	Doble del tiempo de la sanción en cárcel	Artículos 141.º, 142.º, 144.º, 145.º y 146.º Aún menciona plazos y requisitos para aborto por violación. Igualmente, las causales de inseminación artificial no consentida y razones económicas deberán estar debidamente "justificadas" y realizarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Morelos	1 a 5 años	3 a 8 años 6 a 8 años	20 a 200 días 40 a 400 días	Tratamiento médico y psicológico integral	2 a 5 años o hasta las 2/3 partes de la pena	Artículos 115.º, 116.º, 117.º, 118.º y 119.º La pena mayor se reduciría si el personal médico y de enfermería "realiza injustificadamente" el procedimiento, pero aumentaría si a eso se dedicara de manera habitual. Contiene errores de redacción muy graves que lo hacen incomprensible.
Nayarit	4 meses a 1 año	1 a 3 años 3 a 4 años	20 días 20 días a 50 días 50 días		4 a 10 años	Artículos 368.º, 369.º, 370.º, 371.º y 372.º Las sanciones menores corresponderían antes del tercer mes de gestación y las mayores después de ese plazo. Así mismo, aumentarían cuando se trate de una o un reincidente, con o sin sentencia previa.
Nuevo León	6 meses a 1 año	1 a 3 años			2 a 5 años	Artículos 51.º Bis, 327.º, 328.º, 329.º, 330.º y 331.º
Oaxaca	3 meses	6 meses		100 a 300 días (trabajo comunitario)	2 a 5 años	Artículos 312.º, 314.º, 315.º y 316.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2019.
Puebla	6 meses a 1 año	1 a 3 años			2 a 5 años	Artículos 339.º, 340.º, 341.º, 342.º y 343.º
Querétaro	1 año	3 años			1 a 5 años	Artículos 136.º, 137.º, 138.º, 139.º, 140.º, 141.º y 142.º Aún contiene atenuantes por progenitor. No castigaría al personal médico y de enfermería que atienda a las o los gestantes cuyo procedimiento lo hubiera realizado alguien más. Las penas aumentarían ("en una mitad más") si las o los gestantes son menores de edad o no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
Quintana Roo	6 meses a	2 años			2 a 5 años	Artículos 55.º, 92.º, 93.º, 95.º y 97.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2022.
San Luis Potosí	1 año	3 años	100 a 300 UMA		5 años	Artículos 148.º, 149.º y 150.º Aún menciona requisitos para aborto por violación.
Sinaloa	Sin pena para gestantes y colaboradores/as		200 a 700 días	1 a 3 meses (medidas integrales) 20 a 50 días (trabajo comunitario)		Artículos 154.º, 155.º y 158.º Aborto electivo legal hasta la semana 13 de gestación desde 2022. Sólo indica amonestación para gestantes. Las medidas integrales serán determinadas por las o los jueces/zas según dictámenes de peritajes especializados. Menciona de manera explícita el concepto de persona gestante. Señala que el personal de salud siempre debe notificar a la autoridad competente.
Sonora	1 año	6 años	20 a 200 UMA		2 a 5 años	Artículos 265.º, 266.º, 268.º, 269.º y 270.º
Tabasco	6 meses a 1 año	1 a 3 años			2 a 5 años	Artículos 61.º, 130.º, 132.º, 133.º, 134.º, 135.º y 136.º La pena disminuiría o aumentaría si la o el gestante ejecuta su propio aborto o permite que una persona colaboradora se lo realice. Aún menciona requisitos para aborto por violación.
Tamaulipas	6 meses a 1 año 1 a 5 años	4 a 6 años 4 a 8 años	Reparación de daños y perjuicios (tratamientos curativos)	Tratamiento médico integral.	3 a 6 años	Artículos 356.º, 357.º, 358.º, 359.º, 360.º y 361.º Aún contiene estereotipos de género que imponen maternidad forzada, así como atenuantes por honor. Las medidas alternativas solo pueden aplicarse cuando gestante no es reincidente. La pena menor se reduciría si se cumplen las condiciones de las atenuantes, la pena mayor aumentaría si la o el gestante es menor de edad o incapaz.
Tlaxcala	15 días a 2 meses	2 a 3 años	18 a 36 días		1 a 3 años	Artículos 241.º, 242.º y 243.º La pena mayor correspondería a persona colaboradora reincidente, con o sin sentencia previa. Señala que el personal médico y de enfermería deberá entregar informes pormenorizados a la Secretaría de Salud local con dictámenes médicos sobre cada aborto legal, dentro de las 48 horas posteriores al procedimiento. El tratamiento de esos expedientes se regirá por la Ley de Acceso a la Información Pública del estado.
Veracruz	Sin pena para las o los gestantes 15 días a 2 meses		75 UMA	50 a 100 días (trabajo comunitario) 15 días a 2 meses (tratamiento libertad		Artículo 149.º, 150.º y 154.º Aborto electivo despenalizado hasta la semana 12 de gestación desde 2021.
Yucatán	3 meses a 1 año	1 a 5 años		Tratamiento médico integral.	2 a 5 años Suspensión indefinida	Artículos 389.º, 390.º, 391.º, 392.º y 393.º La suspensión definitiva del personal médico y de enfermería únicamente corresponde a reincidentes. Señala que la causal de razones económicas únicamente puede aplicarse cuando se tengan 3 hijos y deberá estar debidamente "justificada".
Zacatecas	4 meses a 1 año	1 a 4 años			2 a 5 años	Artículos 60.º Bis, 310.º, 311.º, 312.º y 313.º Aún contiene atenuantes por honor (siempre y cuando se realice antes del quinto mes de embarazo). Perseguiría la tentativa (lesiones al producto de la concepción). La pena menor correspondería al cumplir las condiciones de las atenuantes, aumentaría "en un tanto más" si no se satisfacen. La pena mayores correspondería a persona colaboradora reincidente, con o sin sentencia previa.
México	6 meses a 1 año	1 a 3 años 1 a 5 años			2 a 5 años	Artículos 329.º, 330.º, 331.º, 332.º, 333.º y 334.º Aún contiene atenuantes por honor. correspondería al cumplir las condiciones de las atenuantes, aumentaría a la segunda pena mayor si no se satisfacen.

Argentina

Se considera como origen del movimiento a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, lanzada en mayo de 2005, la cual integra en la actualidad a más de 300 organizaciones y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; ya sea en el ámbito universitario, académico, científico, estudiantil, de la salud, de la educación, campesino, sindical o de trabajadores desocupados.

El federalismo argentino, a diferencia de las tres grandes federaciones de América del Norte, centraliza la regulación penal en un único Código Penal de la Nación Argentina, vigente desde 1921. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hace refiere al aborto por las dos causales de no punibilidad mencionadas en el documento, que además pueden efectuarse en cualquier momento del embarazo: la violación y el riesgo a la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Así mismo, desde enero de 2021, con la adopción de la Ley 27.610, se señala que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es el derecho de todas las mujeres y personas gestantes para abortar hasta la semana catorce de gestación sin tener que explicar los motivos de su decisión. En caso de agresión sexual, solo es necesario una declaración jurada (eliminando entonces la necesidad de presentar denuncias o autorizaciones de ministerios públicos o fiscalías). El aborto forzado sigue siendo un delito y se preveen penas para los funcionarios públicos o personal de los servicios de salud que nieguen, obstaculicen o retrasen la ejecución del aborto legal.

Previo a la sanción de la Ley cada jurisdicción territorial que conforma el país emitía sus propios protocolos y reglamentos sobre requisitos y procedimientos del aborto legal. En la actualidad, la Ley ha venido a unificar las deficiencias e irregularidades entre territorios. Así, el procedimiento tiene que realizarse en un plazo máximo de 10 días corridos desde que se solicita. El consentimiento informado siempre será por escrito. En caso de menores de 16 años o personas con capacidad restringida que impida dar su consentimiento (cuando alguna sentencia judicial así lo determine) se requiere del asentimiento de alguno de los padres, tutores, representantes legales o adultos allegados de referencia. El personal de los servicios de salud debe garantizar condiciones de acceso a la información, atención de calidad, autonomía de la voluntad de la o el paciente, confidencialidad, privacidad y trato digno. También la objeción de consciencia se puede ejercer pero de manera limitada:

• El personal objetor debe derivar de buena fe, en forma oportuna y sin dilaciones a las personas usuarias para que sean atendidas por profesionales no objetores.

• No puede invocarse en caso de urgencia (que involucre la vida o salud de la o el paciente), ni en casos de atención sanitaria post-aborto.

• Todos los establecimientos públicos de salud deben estar en condiciones de realizar efectiva y gratuitamente el procedimiento.

Cabe recordar que en este país, las movilizaciones ciudadanas, de carácter feministas e independientes a cualquier partido político se dan desde las décadas de 1960, 1970 y 1980; coincidiendo con la segunda ola del feminismo. Entre 1966 y 1973, la dictadura cívico-militar de la Revolución Argentina gobernaba el país. En razón de su cercanía al nacionalismo católico y al Opus Dei, se estableció en 1968 el Decreto 17.567 de 1968 que imponía restricciones a las causales al aborto no punible en el Código Penal:

• Para el aborto terapéutico exigió que el peligro para la vida o la salud fuera grave.

• Para el aborto por violación exigió que estuviera judicializada la denuncia.

• Para el aborto de menores o incapaces exigió la aprobación del representante legal.

Posteriormente, entre 1973 y 1976, se sucedió un muy breve gobierno democrático de izquierda conservadora, denominado Tercer Peronismo. La anticoncepción se percibía como una supuesta amenaza imperialista y de intereses extranjeros que desalentaba el crecimiento de las familias, “desnaturalizando la fundamental unción maternal de la mujer y distrayendo en fin a nuestros jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la patria”. Así, en 1975 se firmó el decreto 659 que restringe la difusión y el uso de métodos contraceptivos. Instituía entonces un sistema de receta triple para la venta de anticonceptivos, prohibía actividades de control de natalidad (directas indirectas) en instituciones estatales o supervisadas por el Estado como hospitales públicos y obras sociales.

Finalmente, entre 1976 y 1982, la brutal dictadura cívico-militar del Proceso de Reorganización Nacional tomo el poder. Aquélla última dictadura también contaba con el apoyo de la Iglesia Católica) por lo que las restricciones al aborto no punible de 1968 volvieron a imponerse. Además, instauró un un plan sistemático de terrorismo de Estado. Se ha documentado que cuando las detenidas eran mujeres embarazadas, se les mantenían con vida, generalmente hasta el séptimo mes, para luego indicarles el parto por cesárea en maternidades clandestinas instaladas en los centros de cautiverio (donde las detenidas debían limpiar la sala y recoger la placenta). Después del parto, las madres eran asesinadas y sus cadáveres desaparecidos. Los bebés eran apropiados por el Estado, que eliminaba todos los registros de filiación. Entregaba a los menores a familias cercanas al régimen, a quienes a su vez se les daba identidades falsas.

Una vez restaurada la democracia, a partir de 1986, se convoca de manera anual los Encuentros Nacionales de Mujeres en distintas ciudades del país. Durante tres días las asistentes intercambian ideas, participan en talleres, debaten y se forman en diferentes temas. Así mismo, en 1984 se sancionó la Ley 23.077 para eliminar las restricciones de la dictadura y regresar a la situación original del Código Penal de 1921 sobre aborto no punible.

Debido a los efectos sociales, políticos y económicos de la crisis de diciembre de 2001, las consignas de los sectores populares y mas empobrecidos resuenan con mayor fuerza. De esta manera, en octubre de 2002 el Congreso de la Nación Argentina aprueba la Ley 25.763 de Salud Sexual y Procreación Responsable que obliga a los servicios públicos de salud y las obras sociales a dar información y proveer acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a toda la población que lo solicite. Por otro lado, en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres de 2003 en la ciudad de Rosario, el Taller de Estrategias para el Derecho al Aborto pone el tema de la liberalización del aborto consentido en la mesa. Será también al cierre de esta reunión cuando aparecen dos símbolos que serán posteriormente retomados por la Campaña: los lemas ("Por el derecho a decidir" y "Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir") y el pañuelo verde.

De nueva cuenta, en mayo de 2004, el mismo Taller (conformado por la Comisión por el Derecho al Aborto, el Foro por los Derechos Reproductivos, Mujeres de Izquierda, Democracia Avanzada, la Central de Trabajadores de la Argentina y feministas independientes) organiza un Encuentro Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, alternativo al que se lleva a cabo en la ciudad de Mendoza. A finales del mismo año, en noviembre, deciden pasar a la acción reuniendo 100 000 firmas de apoyo en una esquina del Palacio del Congreso de la Nación Argentina para ingresar, un año después, el primero de ocho proyectos legislativos con el objetivo de despenalizar y legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En febrero de 2005, el entonces ministro de Salud y Medio Ambiente declara en un reportaje para el medio Página/12 que es partidario de la despenalización de la práctica pues ayudaría a resolver la alta mortalidad materna causada, en gran medida, por las complicaciones post-aborto. No sólo eso, en mayo del mismo año, el propio ministro impartió directivas a todos los hospitales del país para que las mujeres que ingresaran por complicaciones de aborto fueran tratadas con confidencialidad, recibieran contención sin prejuicios y egresaran con un anticonceptivo entregado. Es entonces, la primera vez que el Estado argentino reconoce la morbimortalidad por aborto clandestino como un problema de salud pública y de justicia social, por el cual se compromete a dar soluciones en el marco del derecho a la salud y los derechos humanos.

Como era de esperarse, aquéllas declaraciones recibieron el rechazo inmediato de la Iglesia Católica. Algunas de las respuestas del [Iglesia católica en Argentina | Clero]] fueron totalmente desproporcionadas, abonando así al descontento de las organizaciones a favor del aborto. Por ejemplo, el obispo castrense Juan Antonio Baseotto, amenazó al ministro con el castigo bíblico a los que "escandalizan a los pequeños": ser arrojados al mar con una piedra de molino. En el imaginario colectivo, lo anterior fue relacionado con los vuelos de la muerte de la última dictadura militar, los cuales no le eran ajenos al obispo.

En marzo de 2012 se da el denominado fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues las autoridades seguían negando a las víctimas la posibilidad de acceder al aborto por violación. Con la nueva resolución se convoca a todos los poderes judiciales y ejecutivos, tanto federales como locales, a interpretar correctamente el artículo 86° del Código Penal. Por un lado se exige la no judicialización de estas interrupciones del embarazo. Por otro lado, se exhorta la formulación de protocolos de atención que eliminen la ambigüedad, garanticen políticas de salud que pongan fin a la discriminación que sufren las mujeres al impedirles el aborto permitido por la ley. La adopción de los reglamentos locales fue irregular; algunas jurisdicciones territoriales fueron bastante restrictivas en sus requisitos y otras simplemente no hicieron nada. Es por esto que en la actualidad se suprimió la denuncia o autorización previa de los autoridades judiciales.

Fue hasta marzo de 2018, con el séptimo intento) cuando se logró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pero se rechazó (por un muy estrecho margen) en el Senado de la Nación Argentina. Esto, lejos de desalentar a la Campaña y las activistas, les dio ánimos para intentar una octava y última vez en mayo de 2019, la cual fue finalmente aprobada por ambas cámaras en diciembre de 2020.

La razón de la adopción del color verde fue pragmática y simbólica. Según una de las participantes del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, se quisieron distribuir pañuelos como los usados por las Madres de Plaza de Mayo. Pero estos serían morados (el color que suele asociarse con el feminismo) en lugar de blancos. Como no se encontró suficiente friselina de morada, optaron por el "verde Benetton" (como se conocía en las tiendas textiles al color ubicado entre el 347 C y el 3415 C en la escala Pantone) ya que, en aquel entonces, ese color no se identificaba con ningún otro movimiento social o político. Además, el verde suele vincularse al concepto de la esperanza. El pañuelo verde se popularizó en Aborto en Argentina con las manifestaciones Ni una menos (del 2015, contra el feminicidio) y Un grito global para el aborto legal (del 2017, en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro). Fue entonces cuando los medios de comunicación del país empezaron a hablar de "una marea verde".

Otro punto importante de la Campaña que ya ha permeado a otros países de América Latina fue la declaración inaugural donde se aseguraba que "la clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos".

México

Las discusiones que se dieron en Argentina a partir del tratamiento legislativo de 2018 relanzaron el debate popular de la despenalización y la legalización del aborto consentido en México, el cual no era parte de las demandas principales de las organizaciones y colectivas mexicanas desde finales de la década de 1970. Desde inicios de la década de 2010, la discusión se centraba en la impunidad y la negligencia del Estado para combatir la tendencia, cada vez mayor, en la gravedad de los casos de violencia de género. Desde mediados de la década de 1990, la lucha por la liberalización del aborto voluntario se encontraba parcialmente institucionalizado en México, lo que permitió que entre 2000 y 2007 se realizarán reformas permisivas en la Ciudad de México a favor de la práctica. Esta entidad fue hasta finales de la década de 2010 la única donde se podía acceder al servicio de manera gratuita y sin que las mujeres o personas gestantes tuvieran que justificar su decisión.

No obstante, antes de la irrupción de la Marea Verde en Aborto en México, los intentos (aunque fallidos) para despenalizar y legalizar el aborto electivo vinieron acompañados de los mecanismos que prevee el gobierno federal desde 2007 para prevenir y eliminar los feminicidios y el acoso callejero, laboral, escolar o doméstico según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

A diferencia del federalismo argentino, el sistema mexicano permite que las 32 entidades federativas tengan plena autonomía para modificar sus ordenamientos jurídicos locales, siempre y cuando no contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El aborto legal se regula principalmente a nivel local. Existen entonces 33 códigos penales (donde se define el delito de aborto, las penas y las causales de no punibilidad o excluyentes de responsabilidad válidas para su territorio) y 33 leyes de salud (donde se define, aunque no siempre, los requisitos, procedimientos y modalidades para acceder al servicio del aborto legal). La legislación federal, tanto penal como de salud, únicamente puede imputarse para autoridades federales (presidente de la República, secretarios del gabinete, personas titulares de organismos autónomos o descentralizados, las o los agentes diplomáticos, las o los diputados y senadores del Congreso de la Unión, la o el titular de la Fiscalía General de la República, las o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados o jueces del Poder Judicial de la Federación) o instituciones federales (embajadas y consulados u hospitales y clínicas del IMSS, ISSSTE, ISSFAM o Insabi).

La Constitución general nunca ha considerado a los productos de la concepción como sujetos con identidad jurídica plena, por lo que todos los derechos reconocidos constitucionalmente se adquieren al nacimiento. Sin embargo, desde finales de la década de 2000, algunas entidades han establecido blindajes a la vida en gestación en sus constituciones locales, los cuales fueron sancionados como inconstitucionales en 2021, por lo que han sido invalidados y derogados de manera gradual.

Únicamente el aborto forzado es un crímen. El aborto consentido, sin importar el mes de gestación, ya no lo es desde 2021. En total hay 10 causales que varían según el territorio:

• Por libre petición de la mujer o la persona gestante y sin necesidad de justificación.

• Por imprudencia o accidente no provocado por un tercero.

• Por violación o agresión sexual

• Por grave riesgo a la vida de la mujer o la persona gestante, aun cuando el deceso no sea inmediato.

• Por riesgo a la salud de la mujer o la persona gestante; cuando el embarazo deteriora, afecta o compromete el bienestar físico o social. También cuando agrave algún padecimiento físico o mental preexistente o crónico. O cuando impide continuar con algún tratamiento médico o terapéutico.

• Por malformaciones o defectos congénitos del feto, aunque estos no sean incompatibles con la vida extrauterina.

• Por trastorno ginecólogo que impidió a la mujer o la persona gestante tener conocimiento de su embarazo.

• Por inseminación artificial no consentida.

• Por causas económicas graves o profunda situación precaria.

• Por negación y omisión del servicio, cuando alguna autoridad lo impidió antes de terminal el plazo legal. O cuando el personal de los servicios de salud evitaron mencionar, antes de terminal el plazo legal, que la mujer o persona gestante tenía el derecho de interrumpir su embarazo, si así lo quería.

A diferencia de otros países hispanohablantes Distribución geográfica del idioma español, la legislación mexicana señala que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hace referencia al aborto sin necesidad de justificación, mientras que la Interrupción Voluntaria del Embarazo se relaciona al aborto por violación. Algunos códigos y leyes locales mencionan explícitamente a la diversidad sexogenérica bajo el concepto de personas gestantes. Como la Constitución general prohíbe la discriminación, todas las entidades deben atender a cualquier persona con capacidad de gestar (aunque la legislación no lo señale).

El plazo legal (de 12 o 13 semanas de gestación) también varía según la entidad y desde 2021 no puede usarse para criminalizar a las mujeres, personas gestantes o personal de los servicios de salud. Algunas entidades indican que el embarazo inicia a partir de la implantación del embrión en el endometrio (aproximadamente una semana después de la unión de ambos gametos). Generalmente, los plazos aplican para el servicio de aborto sin necesidad de justificación por lo que la interrupción del embarazo por las otras causales podría realizarse después del límite. Algunos territorios sí señalan, de manera explícita, plazos para las causales. Y, algunas entidades federativas | entidades no establecen límites temporales por lo que los abortos sin justificación podrían realizarse hasta la semana 22 (siguiendo una definición de la Organización Mundial de la Salud). Desde 2005, todas las entidades federativas | entidades están obligadas a acatar la NOM-046-SSA2-2005 la cual permite que el aborto por violación se pueda efectuar en cualquier momento del embarazo (sin importar el plazo o el límite temporal) y de manera gratuita. Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas en 2013 y reforma de 2016 de la NOM-046, solo se necesita una declaración elaborada por la víctima (eliminando entonces la denuncia o autorización previa por parte de la autoridad judicial). Igualmente, las personas mayores de 12 años no requieren el permiso de sus padres, tutores o representantes legales.

Desde 2021, el gobierno federal proporciona los Servicios del Aborto Seguro para facilitar el acceso al aborto legal según las causales de cada entidades federativas | entidad. Así mismo, pública el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México donde se especifican los protocolos, criterios y procedimientos del servicio.

En la actualidad, en solo once entidades federativas | entidades se ha liberalizado el aborto sin justificación. De estas, en únicamente ocho, la despenalización (cambios en los códigos penales) vino acompañada de legalización (cambios en las leyes de salud). Los límites a la objeción de consciencia y las condiciones del servicio se suele plasmar en las leyes de salud. Como la Constitución general indica que todas las personas tienen derecho a la protección integral de la salud, todas las entidades deben ofrecer servicios de calidad, confidenciales, gratuitos, privados, que respeten la voluntad de la o el paciente y de digno (aunque la legislación no lo señale).

Las primeras manifestaciones se dieron en marzo de 2019 cuando el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó un candado antiaborto en su Constitución. Un día después, durante la discusión en el Senado de la República para otorgar el reconocimiento de la medalla "Elvia Carrillo Puerto" a María Consuelo Mejía Piñeiro, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC, partido que suele clasificarse como izquierda progresista en el espectro político mexicano) decidió colocar pañoletas verdes en todos los escaños. A raíz de esto, la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, quién entonces militaba en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, partido que suele clasificarse como izquierda populista en el espectro político mexicano), reclamó al coordinador de la bancada de MC por tal acto. Señaló que para ella eso era una falta de respeto, que "ese 'trapo verde' significaba muerte y asesinato", que ella no quería dar una imagen errónea a las personas que representaba y felicitó a aquél Congreso local por aquél blindaje. Si bien en Morena militan varios personajes socialmente conservadores y sus decisiones han sido calificadas muchas veces como contradictorias, la senadora recibió muchas respuestas negativas del ala progresista del partido. Y esto fue suficiente para que formalizara su salida y se adhiriera al Partido Acción Nacional (PAN, partido que suele clasificarse como derecha conservadora en el espectro político mexicano).

Los símbolos de la Marea Verde se hicieron más visibles en las marchas del 8M de 2019 y 2020 (en el marco del Día Internacional de la Mujer), las protestas No me cuidan, me violan de agosto de 2019 y el Paro Nacional de Mujeres de 2020. Estos tres eventos llamaron mucho la atención de la ciudadanía, los medios informativos y las autoridades gubernamentales. De hecho, se atribuye a la artista jalisciense Elsa Oviedo el rediseño de la bandera mexicana (cambiando sus colores por "verde Benetton" y morado) la cual se ha vuelto muy famosa en las últimas manifestaciones feministas.

En septiembre de 2019, se despenalizó el aborto sin necesidad de justificación en Oaxaca, la segunda entidades federativas | entidad en hacerlo en más de 12 años. Esto le dio un gran impulso al movimiento, después de una serie de derrotas en Aborto en Guerrero (2014), Aborto en Veracruz (2017) e Aborto en Hidalgo (2019).

En 2021 vino una gran victoria para el movimiento. En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres acciones de inconstitucionalidad:

• La AI 148/2017 que despenaliza totalmente el aborto consentido en Coahuila y en todo el país, incluso más allá de los plazos y límites temporales.

• La AI 106/2018 y AI 107/2018 que invalida todos los candados antiaborto y blindajes a la vida en gestación en todas las constituciones locales del país.

• La AI 54/2018 que convoca a los poderes legislativos federales y locales a establecer límites claros a la objeción de consciencia).

Previo a las históricas sentencias de septiembre de 2021 de la SCJN, entre abril y junio de 2021 se intentó aprobar una nueva Ley de Salud en la Ciudad de México para fijar en 20 semanas el límite máximo para abortar en caso de violación. Como esto contradecía a la Ley General de Víctimas y la NOM-046- SSA2-2005, la reforma no pasó, regreso a revisión y desde ahora la Ley local menciona explícitamente a ambas normativas federales (siendo esta entidades federativas | entidad otra vez pionera en México). En junio de 2021 se despenalizó y legalizó el aborto sin necesidad de justificación en Aborto en Hidalgo. Y en julio de 2021 se despenalizó en Aborto en Veracruz.

Después de las históricas sentencias de septiembre de 2021 de la SCJN, en octubre de 2021 se despenalizó y legalizó el aborto sin necesidad de justificación en Aborto en Baja California. En diciembre de 2021 se despenalizó y legalizó en Aborto en Colima. En marzo de 2022 se despenalizó y legalizó en Aborto en Sinaloa. En mayo de 2022 se despenalizó en Aborto en Guerrero. En junio de 2022 se despenalizó y legalizó en Aborto en Baja California Sur. En octubre de 2022 se despenalizó en Aborto en Quintana Roo.

Colombia

Se sintetiza a través de la labor del movimiento Causa Justa, quién fue uno de los dos autores de las demandas que dieron lugar a la sentencia C-055 de la Corte Constitucional de Colombia. Se trata de una agrupación que reúne a activistas, asociaciones, colectivas, personas expertas y organizaciones, tanto colombianas como internacionales, que han venido trabajando sobre el tema desde la década de 1990 a través de campañas de comunicación y pedagogía (como son La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Reproductivos, Women's Link Worldwide o Grupo Médico por el Derecho a Decidir).

También existe la comunidad digital de las "Viejas Verdes", cuyo nombre proviene de la expresión popular colombiana de los "viejos verdes" (hombres mayores que acosan mujeres jóvenes). Esta colectiva busca informar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas, así como desmitificar todas las desinformación que rodea al tema del aborto.

Si bien el sistema de las tres causales (violación, malformación del feto o riesgo de salud para la mujer o persona gestante), ratificado en 2006 por la sentencia C-035, aún permite que la interrupción pueda realizarse en cualquier momento del embarazo y sin límite de tiempo, en muchas ocasiones se daba la presencia de actores institucionales que obstaculizaban, negaban o demoraban el procedimiento. Como en otros países de la región, lo anterior afectaba de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, de escasos recursos económicos, de zonas rurales y remotas o que viven en situaciones de conflicto armado. Es por esto que se decidió que el plazo legal para abortar sin justificación se ubicara hasta las 24 semanas de gestación

. No obstante, el objetivo original de la demanda de Causa Justa buscaba la despenalización total (es decir, que el delito por aborto consentido desapareciera completamente del Código Penal Colombiano).

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Según Human Rights Watch y una ONG local, durante los últimos ocho años el estado de Guanajuato "ha negado cada petición por una víctima de una violación embarazada para los servicios del aborto" y aproximadamente 130 de sus residentes han sido condenados por buscar o proveer el aborto ilegal ​

Lineamientos Tecnicos Algunos colectivos feministas y de disidencia sexogenérica señalan que este recurso es de los primeros (y pocos) que mencionan a las personas con capacidad de gestar y a las personas de la diversidad sexogenérica (como son hombres trans, personas no binarias, queer, gender fluid y/o agénero). Sin embargo, también tiene inconsistencias y desaciertos ya que su enfoque es meramente binario (habla de "usuarias" donde engloba a las personas de la diversidad sexogenérica que no se identifican con ese lenguaje femenino). Así mismo, algunas organizaciones feministas a favor del aborto voluntario también esperan que con este nuevo mecanismo se mejore el registro, monitoreo y seguimiento de los casos del aborto legal en el país; así como la visibilidad del tema, la transparencia en cómo se ejerce la política pública en esta materia, la agilización en la rendición de cuentas y la manera en cómo se deben implementar los servicios. Las demandas de muchas y muchos activistas al aborto electivo no solo se han centrado en la modificación de los marcos normativos, sino que también las leyes no queden en letra muerta (como solía suceder antes de 2021), por lo que este manual es otra herramienta para evitar justamente eso.

Lineamientos Tecnicos Así mismo, algunas organizaciones feministas a favor del aborto voluntario también esperan que con este nuevo mecanismo se mejore el registro, monitoreo y seguimiento de los casos del aborto legal en el país; así como la visibilidad del tema, la transparencia en cómo se ejerce la política pública en esta materia, la agilización en la rendición de cuentas y la manera en cómo se deben implementar los servicios. Las demandas de muchas y muchos activistas al aborto electivo no solo se han centrado en la modificación de los marcos normativos, sino que también las leyes no queden en letra muerta (como solía suceder antes de 2021), por lo que este manual es otra herramienta para evitar justamente eso.

Ley de Amnistía OAX

Igualmente, el 22 de septiembre de 2021, la LXIV legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, a través de una única votación, aprobó la nueva Ley de Amnistía en Favor de las Mujeres. Votaron a favor 24 diputados, 10 lo hicieron en contra y 7 se abstuvieron. A diferencia de otras entidades, no hubo modificaciones a la Ley de Salud u otras disposiciones estatales, por lo que se trató de una despenalización únicamente. Los cambios fueron finalmente publicados con el decreto número 2769 en el Periódico Oficial, sin ninguna objeción por parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el día 16 de octubre para entrar en vigor un día después. Finalmente, con esta nueva ley estatal de indulto, todas las carpetas de investigación que estaban pendientes serán abandonadas y cerradas. De esta manera, todas las mujeres y personas gestantes que hayan sido declaradas culpables previo a la despenalización o legalización deberán ser liberadas y sus sentencias serán revertidas.

Oaxaca Amnistia: Desde ahora, los familiares de esas personas acusadas y sentenciadas; así como las parteras, los médicos y las enfermeras que las hubieran asistido en el procedimiento, podrán acogerse a la nueva ley para no ser penalizados.

totalmente contrarios a la Constitución federal puesto que el artículo 1 (reformado en 2001) prohíbe cualquier tipo de discriminación como la motivada por el género, mientras que el 4 (reformado en 1974) reconoce la igualdad jurídica de hombres y mujeres:

Según Human Rights Watch y una ONG local, durante los últimos ocho años el estado de Guanajuato "ha negado cada petición por una víctima de una violación embarazada para los servicios del aborto" y aproximadamente 130 de sus residentes han sido condenados por buscar o proveer el aborto ilegal.

Posterior a la legalización del aborto electivo en Ciudad de México, numerosas entidades (gobernadas por el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional) fueron en sentido contrario al aumentar la prohibición a este procedimiento. Si bien surgieron para reducir los derechos reproductivos de las personas gestantes, impedir el acceso a al aborto legal y seguro (contemplado en las causales de sus códigos penales) y obstaculizar intentos futuros para ampliar los supuestos o permitir el aborto voluntario; en realidad, nada de eso se cumplió y solo han creado mayor confusión, incertidumbre jurídica y aumento en los prejuicios contra las personas que deciden interrumpir su embarazo. Desde 2007, 20 entidades enmendaron sus constituciones locales para reconocer que "la vida inicia al momento de la concepción" y que "es un derecho que debe ser protegido desde entonces": Aguascalientes (2021), Nuevo León (2019), Sinaloa (2018), Veracruz (2017), Tamaulipas (2010), Chiapas (2010), Querétaro (2009), Oaxaca (2009), San Luis Potosí (2009), Yucatán (2009), Jalisco (2009), Nayarit (2009), Puebla (2009), Durango (2009), Guanajuato (2009), Quintana Roo (2009), Sonora (2009), Colima (2009), Baja California (2008) y Morelos (2008). Previo a esto, solo Chihuahua lo había hecho en 1994.

También en aquella época, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (del PAN) lideró una cruzada antiderechos. Como parte de su programa electoral de 2006, planteó la promoción de "políticas públicas y programas en materia de educación sexual y de prevención de embarazos no planeados que respeten el derecho a la vida desde el momento de la concepción". En 2007, durante una visita oficial de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, expresó que una posible legislación permisiva al aborto "solo dividiría a los mexicanos, por lo que sería mejor promover únicamente acciones en las que todos estén de acuerdo", así como "trabajar más en una educación de valores" y "regular la adopción". En 2011, en el penúltimo año de su mandato, solicitó al Senado retirar la Declaración Interpretativa de 1981 sobre el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de 1969). Dicho texto señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. México, por su parte, siempre ha expresado que debido a la palabra en general, ese párrafo se traduce en que no deben existir obligaciones para penalizar completamente el aborto (eliminando así las causales y los atenuantes), que es posible legislar excepciones en la protección del "derecho a la vida" y que no es imprescindible reconocer personalidad jurídica a los aún no nacidos. Esto se da ya que el 10 de junio de ese mismo año, se promulgó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México ha firmado y ratificado, sean reconocidos al mismo nivel de protección que los contenidos en la misma Constitución federal. La propuesta del expresidente nunca prosperó.

HIDALGO

Solo se sabe que, desde las reformas, se han practicado 317 interrupciones del embarazo.

En 1983 se reformó el artículo 4 de la Constitución federal para incluir el derecho a la protección a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de México. Igualmente, con base en el artículo 73, fracción XVI, se estableció la creación de una Ley General de Salud (promulgada en diciembre de ese año y en vigor desde julio de 1984) para definir las bases y modalidades en el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia entre las atribuciones y competencias en el tema de salubridad general entre la Federación y las 32 entidades federativas.

Notas

{{aborto por entidad federativa de México}}